JUECES CUESTIONADOS

Pues esto es una historia de jueces. De dos jueces que han sido empapelados por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), por dos graves motivos. Si embargo, para mí, ninguna de las dos sanciones alcanza a ser acorde con las faltas cometidas por ambos juristas, ni aún existiendo la diferencia que existe entre las dos.

El juez de Huelva, Rafael Tirado, omitió una “elemental” diligencia de su jurisdicción que permitió que un pederasta siguiese en libertad y asesinase a la niña onubense, Mari Luz Cortés. La diligencia puede ser elemental pero la falta y las consecuencias de la misma creo que revisten la suficiente gravedad como para no merecer más que una multa de tan sólo 1.500 euros, máxime si tenemos en cuenta que el juez Tirado ya es reincidente en asuntos similares.

En 1995 fue sancionado por el CGPJ por su “desidia” en la tramitación de un asunto cuando estaba destinado en el juzgado de Lora del Río (Sevilla). Se trataba de una demanda por malos tratos a una niña de dos años por parte de su padre.

Si este juez hubiese estado en la empresa privada, ya estaría buscando empleo hace tiempo, pero la Administración es otra cosa, por suerte para ellos.

Tenemos otro caso que también reviste gravedad. Se trata del juez Ángel Luis del Olmo, un juez de lo social en Talavera de la Reina, y un auténtico “guarrindongo” en lo personal pues, parece ser, que tiene la fea costumbre de hurgarse en los pies, en los oídos o en la nariz delante de todos los funcionarios del juzgado. Este guarro inmundo no se conforma con eso pues tiene por costumbre orinar en los lavabos con la puerta abierta, mientras dicta a su secretaria.

Pero es que, además, es una mala persona (yo más bien creo que se trate de un enfermo) que en los últimos años, con su impropia conducta, ha sometido a los funcionarios a una situación permanente de nerviosismo, angustia, temor y humillación, además de obligarlos a soportar su falta de higiene personal.

Según la propuesta de resolución aceptada por el CGPJ, del Olmo “somete de manera habitual y continuada a los funcionarios a condiciones de trabajo vejatorias, tratándoles sin ninguna educación, de manera despreciativa y dictatorial, como si no fueran personas, sin consideración a su dignidad, provocándoles situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés así como de repulsión, debido esto último a su citada falta de higiene y aseo personal”.

El CGPJ ya ha dictado quien es más culpable de los dos, adjudicándole al segundo juez (al guarro) una multa de 7.500 euros, seis mil más que al del caso Mari Luz.

Yo creo que ninguno de los dos se merecen la potestad de administrar justicia, y las razones son obvias. España está pasando una crisis –con independencia de la económica- en la administración de justicia. Los expedientes se amontonan en los juzgados de forma preocupante y tenemos un Ministro que no es capaz de poner una solución al problema con una reforma a fondo que, según parece, no está capacitado para acometer. Todo lo que se está poniendo como remedio son parches que no durarán mucho ni arreglarán nada.

Si a esto le añadimos la desconfianza de los ciudadanos en los propios jueces pues, apaga y vámonos. Casos, y bastantes, se vienen dando en los últimos años que generan de forma comprensible esta desconfianza, y ésta se hace mayor aún cuando ante las graves faltas de los jueces, se les aplica como sanción el equivalente a una palmadita en el carrillo.

A la Justicia española le crujen las cuadernas y poco más negativo puede haber para un pueblo que perder la confianza en ella.

Si la política española está desprestigiada, si la justicia lleva el mismo camino y tenemos un Gobierno a la deriva ¿qué nos queda? ¿las Fuerzas Armadas, tal vez? Lo siento por dar ideas pero es de lo poco que conserva el prestigio necesario para representar a una nación como España.