Los ataques al idioma común, el español o castellano, que se vienen produciendo desde hace años por parte de los nacionalismos, es de una irresponsabilidad supina.Cuando el objetivo de alguien es destruir un país, una unidad milenaria en la pluralidad y diversidad de sus regiones y sus gentes, que se viene sustentando en elementos fundamentales como el idioma común, no hay mejor estrategia que bombardear estos elementos. Esa es la estrategia de quienes desean la desintegración de España y es al idioma, como elemento de unión, al que atacan con saña desesperada.
Pero hay un último responsable de esta traición que es el Gobierno de ese país despreciado y atacado. Un gobierno débil y sin rumbo, del que se aprovechan los agresores para lograr sus rastreros objetivos. Un gobierno que tiene el sagrado deber de conservar la unidad de la nación y la pervivencia de sus culturas, y que no está haciendo nada por contener estos ataques por ser presa de esas minorías que le mantienen, de forma indigna, en la poltrona del poder.
El idioma español, o castellano, que hablan cientos de millones de personas en todo el mundo, y que es punto de referencia para muchas culturas y países, en España se le ataca y se pretende su desaparición de algunas de sus regiones emblemáticas.
Para lograr esto se emplea la fuerza, la coacción, la amenaza, la violencia y cualquier instrumento válido, aunque impropio de una democracia occidental, inundando de vergüenza e incomprensión a propios y a extraños.
Cuando la libertad no existe, nada más que en papeles sin valor, porque nadie se lo da –léase Constitución o Estatutos Autonómicos- se pueden lograr los objetivos por imposición, proceder propio de las dictaduras más violentas a los que estos falsos libertadores emulan hasta en la febril manipulación de los símbolos.
El presidente del Gobierno de España, haciendo alarde de su facilidad y afición a la mentira y al timo de la estampita, aseguró en una entrevista de prensa en abril de 2006, que “aunque haya un solo caso (de padres que no puedan educar a sus hijos en castellano) hay que intervenir.
Hoy tiene el señor Presidente, no uno, sino cientos de casos, públicos y denunciados, en muchas escuelas de estos territorios nacionalista, y aún no ha movido un dedo para evitarlos. Ni lo movió, ni lo moverá, y de esta forma, se convierte en un auténtico cómplice de los abusos y ataques a las bases de la unidad nacional.
Es en los colegios, entre los niños, donde más se realiza esta labor de “zapa”. Hasta en eso muestran su cobardía. Ahí tiene Zapatero diversidad de ejemplos de la discriminación lingüística que se practica. Ahí y en los establecimientos comerciales y empresas, que es donde los gobiernos nacionalistas pueden ejercer su cobarde influencia. En unos casos por tratarse de niños que si piden agua o pis a sus profesores en español, tienen la consigna de “ignorarlos”, y donde les dan en lengua local hasta las clases de inglés. En los establecimientos comerciales, el abuso y la falta de libertad es manifiesta; no les permiten ni un rótulo en español, y de no acatar las órdenes, pueden tener consecuencias muy negativas para su negocio. Esto ha hecho que muchos industriales y muchos padres de niños en edad escolar, tuviesen que abandonar estos territorios.
Por poner un ejemplo, la Generalitat de Cataluña se gastó en 2007, 157 millones de euros para fomentar el uso del catalán, de los cuales 20 millones fueron a parar a medios de comunicación afines. El Instituto Cervantes, que se encarga de la difusión del español en el mundo, sólo dispuso de 81 millones, lo cual es una auténtica vergüenza se mire por donde se mire.
Este despilfarro de dinero público, que se dice empleado en la promoción del catalán, tiene otro destino más claro: la destrucción del idioma español, y de esto hay un culpable que es el Gobierno de la Nación, que no mira los intereses comunes sino sus propios intereses que le puedan permitir seguir hundiendo a España.
Con los 157 millones despilfarrados por el gobierno catalán, se podría cubrir, por ejemplo, la partida destinada a la administración del Patrimonio Histórico Nacional, que el año próximo contará con 143 millones de euros.
España está en crisis, pero son muchas crisis las que padece, no sólo la económica que, según parece por los datos anteriores, no preocupa mucho. El resto preocupa menos. Es una crisis de valores tan generalizada que ya ni nos llama la atención y pocos medios se ocupan de ella. Sin embargo esa es la crisis que nos puede llevar de nuevo al Guadalete.
