El paquete de veinticuatro medidas expuesto ayer por el Presidente del Gobierno, es un calco de las ya planteadas en el Pleno del Congreso de los Diputados en el mes de Julio, por lo que es una pena que ZP haya interrumpido sus vacaciones en Doñana para llamarnos a parte y no decirnos nada.
No le va a ser fácil al gobierno central la adopción de medidas contra el deterioro de la actividad económica porque, según los datos que acaba de publicar la Intervención General –dependiente del Ministerio de Economía- tan sólo el 22% del gasto público depende ya de la Administración Central de Estado. Por el contrario, el gasto de las comunidades autónomas respecto al conjunto del gasto público crece sin parar.
Con datos referidos a 2007 –y tengamos en cuenta que ha ido creciendo- los parlamentos regionales controlan ya el 35,9% de los recursos públicos, lo que pone de manifiesto hasta que punto las autonomías son hoy quienes disponen de mayores instrumentos para articular políticas de gasto con las que enfrentar el deterioro económico del país. La Intervención General del Estado, refleja también que el 13,4% del gasto está en manos de las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y la Seguridad Social, cuyo presupuesto es finalista y por lo tanto no puede ser instrumentado por el Estado para otros fines, controla el 28,7% restante. Con estos datos está claro que poco puede hacer el Gobierno central en lo concerniente a la contención del gasto público y se ve con las manos atadas para la toma de medidas que puedan resultar eficaces.
Ante este panorama, a España se le presenta uno de las grandes problemas derivados del traspaso de competencias a las comunidades autónomas que, a su vez, dimana de una política autonómica irresponsable que, en su día, se aplicó en España para templar gaitas nacionalistas y que bajo el lema “café para todos” se extendió al resto de regiones sin existir un verdadero sentimiento autonómico que lo demandara.
Ahora, ante la coyuntura de una crisis económica que afecta al conjunto de la Unión Europea y con un gobierno central inoperante, España está sufriendo unas consecuencias que pueden terminar en un verdadero descalabro nacional.
Y todo esto viene a coincidir con las revisión estatutaria de algunas comunidades que asumen en su articulado como asunto de suma importancia y prioridad, el sistema de financiación que les permita seguir gastando recursos a su propio albedrío, sin el menor sentido de solidaridad nacional y sin prestar la menor atención a la coyuntura económica nacional que ni les preocupa ni quieren que les afecte.
España, en su día, dio ejemplo al mundo con una Transición de la dictadura a la democracia sin precedentes en su historia. Pero aquella transición, no lo olvidemos, se hizo a base de concesiones, en muchos casos irresponsables, tanto por parte de la administración central, como de los partidos políticos.
Parece llegado el tiempo de pagar esas concesiones y aquellos errores, y estas contraprestaciones pueden llevar a España a un callejón sin salida. Si se sigue en esta línea, lo que va a sobrar en un futuro, y no lejano, es el gobierno central que cada vez ha idio cediendo más y más competencias y que se encuentra que no tiene en sus manos instrumentos para hacer frente a las cuestiones de estado ya que estos han sido repartidos entre las distintas comunidades autónomas.
Los criterios de estas comunidades, tal como se está poniendo de manifiesto, son dispares y así no se puede llegar a ningún sitio. O sí, se puede llegar a lo que algunos desean, a la creación de un mosaico de reinos de taifas que conllevaría la desaparición de España como entidad nacional. Pero los miniestados que pudieran surgir de esta ruptura, tampoco se les podría augurar un futuro próspero y feliz, pues su propia voracidad llegaría a acabar con ellos.
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