LA PERTINAZ INEFICACIA DEL GOBIERNO ZAPATERIL

No me causa ninguna satisfacción tener que extraer un comentario, o una opinión, de un trágico accidente que ha costado, de momento, 154 vidas humanas. No me causa ninguna satisfacción por lo doloroso del hecho en sí y porque, estoy seguro, que habrá quien lo interprete como una oportunidad interesada para atacar a un gobierno que, en cada ocasión que se presenta, deja más a las claras su incompetencia y su falta de responsabilidad.

Pero yo trato, ni más ni menos, que de seguir su virtuoso ejemplo. Trato de ser tan severo y riguroso como ellos lo han sido, cuando estaban en la oposición, a la hora de desprestigiar al gobierno de turno y de colgarle la responsabilidad de cualquier desgracia nacional que nos tocó soportar. Además se debe contar con el derecho de “la calle” a escuchar opiniones de todo tipo. Opiniones libres, aún pudiendo estar equivocadas, que puedan ayudar a que cada quien forme su propio criterio de los hechos libremente, con opiniones plurales, y no se limiten solamente a las declaraciones oficiales que nos inyectan a cañonazos, tanto el poder como sus adláteres de los medios de comunicación afines.

Recordemos el caso del Prestige, un petrolero que en 2002 se hundió frente a la costa occidental española, pringando de chapapote, o galipote -escojan ustedes el término- las playas gallegas y de parte del litoral cantábrico. ¿A quien se le imputó toda la culpa?

En la mente de todos estará también aún el caso del Yak-42, donde 62 militares españoles murieron en accidente aéreo a la altura de Trebisonda, Turquía. ¿De quien fue la culpa de esta tragedia, según el actual Gobierno, entonces en la oposición? Para el ministro de Defensa, Federico Trillo, se llegó a pedir hasta prisión ¿no lo recuerdan?

Y qué decir de la masacre del 11-M, que a penas pasadas unas horas, y sin saber aún lo que estaba ocurriendo, ya estaban cargándole la responsabilidad al gobierno popular, pasándose por el forro el sagrado día de reflexión preelectoral y promoviendo y alentando, vía teléfonos móviles, asaltos a las sedes del PP, de forma tan irresponsable y canallesca que pudo originar graves enfrentamientos civiles en España.

Los hechos son los hechos y hay que contarlos, y se da la circunstancia en este hecho, de que el actual gobierno, no el anterior (no confundir, por favor) debe asumir importantes responsabilidades, derivadas del trágico accidente del avión de Spanair, cuando iniciaba el vuelo JK5022.

El pasado 8 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la responsable de todas las inspecciones y sanciones en el área de aviación civil. El Gobierno, manifestó entonces que con tal iniciativa se pretendía aumentar la eficacia y la calidad de los controles que garantizarían una mayor seguridad en los vuelos. Para poner este Estatuto en funcionamiento pleno, se daba el Gobierno unos meses de plazo que, en cualquier caso, no superaría el 12 de junio. El 20 de agosto actual, cuando ocurrió el trágico accidente aéreo, nada se sabía aún de la implantación de este nuevo Estatuto.

Este es, simplemente, uno más de los retrasos en la puesta en marcha de medidas, obras, leyes y demás obligaciones que le competen al Gobierno que, sino llegan tarde, no llegan nunca.

Si hay alguien que no aprecie una seria responsabilidad gubernamental en este gravísimo accidente, es que no tiene ojos ni oídos, o que no quiere ver ni escuchar. Pero, bien, ese sería, en todo caso, su problema y su desgracia. Sin embargo la responsabilidad del Gobierno queda clara, por esto y por permitir, a sabiendas, que gran parte de los aviones de algunas de las compañías que operan en nuestros aeropuertos, lo vengan haciendo en precario, tal como está quedando demostrado en estos últimos días.

Sin sentirse, en lo más mínimo, responsable de estos hechos, el Gobierno, que no agota su capacidad de mentir y engañar, promete a las familias de las víctimas un plazo de 48 a 72 horas para identificar a los 153 pasajeros que encontraron la muerte en este oscuro accidente, plazo que, naturalmente, no ha podido cumplirse.

Comprendo que se le han podido arrugar los perendengues recordando las exigencias y las durísimas acusaciones conque ellos mismos intentaron desprestigiar al gobierno de Aznar en el suceso del Yak-42, precisamente con los errores que, parece ser, hubo con las identificaciones de los militares, cuya falta de rigor en esta labor vino a ser mucho más grave para estos andobas que las propias muertes. No querrán cometer un nuevo error y, nuevamente, son las familias las que pagan las consecuencias de las mentiras y los engaños a los que tan acostumbrados nos tienen. De no haber ocurrido lo del Yak, es posible que cada familiar tuviera ya sus propios muertos, pero hay que cuidarse pues todo lo que se escupió puede caer en boca propia.

Rubalcaba reconoce la tardanza y, en compensación, promete una investigación exhaustiva y con conclusiones concretas y satisfactorias. Quizá habría que preguntar a través de una encuesta a los españoles y a los familiares de las víctimas, quien es su preferido para culpable. Es posible que así la mayoría quedase contenta pues pocas esperanzas existen de que la comisión de investigación lo consiga. No hace falta más que mirar hacia el 11-M, cuyas conclusiones finales no fueron aceptadas más que por los interesados en que el fallo final fuese el que fue.

El Gobierno debería purgar sus propias responsabilidades que deberían figurar entre las conclusiones finales, pero con un Ejecutivo que, encima de mentiroso e ineficaz, es también orgulloso e incapaz de asumir ni un error, será muy difícil llegar al total esclarecimiento de los hechos, aunque estén a la vista, pues una investigación seria y con la voluntad de llegar a la verdad, dejaría al descubierto mucha mierda y tendría que llevar, forzosamente, a la dimisión de algún ministro, miembro o miembra.

¡Cualquiera le pide hoy lumbre a la ministra de Fomento, Doña Magdalena Alvarez, tan resultona ella en bikini!

¡País este, coño….!