CRISIS ECONÓMICA Y AUTONOMÍAS

Para salir de una crisis económica, sea del nivel que sea, hay dos principios fundamentales: O se produce más y, consecuentemente, se ingresa más, o se gasta menos.

Después están las ayudas externas y otra serie de medidas complementarias que fortalecen las primeras, y los controles rigurosos que impiden que no se escape un euro, ni se malgaste, salvo en lo estrictamente necesario, y a esperar mejores tiempos con el cinturón bien ajustado.

En España creo que la mayoría somos conscientes de que estamos sufriendo, al menos, dos crisis: la económica y la financiera. La crisis económica es la que más nos afecta a los ciudadanos y, por supuesto, la que más nos preocupa. La financiera, aunque no nos deja indiferentes ni mucho menos, no afecta tan directamente a nuestras economías domésticas pero, entre otras cosas, nos impide el acceso al crédito en condiciones no excesivamente gravosas, y demora o cancela nuestros proyectos familiares o de empresa.

Quien hoy tiene el encargo popular, y por tanto la responsabilidad de hacer frente a la solución de este grave problema, es el Gobierno de turno. El Gobierno es el encargado de tomar las medidas que nos vengan a sacar del bache y nos lleven de nuevo a caminos más ligeros y soportables de transitar. Para ello debe poner en práctica, pero sin demora, este tipo de medidas, con rigor, conciencia y justicia.

Al igual que un cabeza de familia, debe dar ejemplo de austeridad y repartir equitativamente los recursos entre todos los miembros del clan, debe poner freno a recientes despilfarros de dinero público y cuidarse mucho a la hora de repartir el presupuesto entre las distintas comunidades autónomas que conforman el Estado.

El gobierno central de un estado, tiene que tener recursos de poder para cortar los abusos en el gasto público que algunas comunidades están realizando y, si no tiene esos recursos es que las cosas se han hecho, no mal, horrorosamente mal. Los gobiernos de taifas de las autonomías deberían estar supeditados a las políticas económicas del gobierno central, máxime en épocas como la actual en la que se necesita de la concurrencia de todos en el empeño de superar la tremenda crisis que sufrimos, y unas grandes dosis de solidaridad nacional.

Hoy por hoy, la gran sangría de España en lo económico, y en otros aspectos, viene marcada por el despilfarro autonómico. Como ejemplo, La Gerneralitat de Cataluña se gastará 334 millones de euros en informes externos el próximo año.

De éstos, un total de 164 millones se dedicarán a informes sobre obra pública y de infraestructuras hidráulicas, que pueden resultar justificables, pero los 170 restantes se destinarán a informes en general, algo que es un sangrante despilfarro en época de crisis.

El señor Carod Rovira, que dirige la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Vicepresidencia de la Generalitat, no tiene empacho en sacudirse en una fiesta para promocionar las actividades de la Agencia, 272.000 euros de una tacada. Eso no es de políticos serios. Eso es de auténticos tragadores que lo único que pueden desarrollar es su propio estómago y su cuenta corriente.

Pero no son sólo éstos. En muchas comunidades está creciendo el número de casos de abusos y corrupción por parte de dirigentes de estos entes. La abundancia de dinero hace virguerías y algunos no ha soportado la tentación de sucumbir, atraídos por el desmadre y la falta de rigor en los controles por parte del gobierno de la Nación.

Diecisiete parlamentos autonómicos, con todo lo que ello conlleva en gastos de presidencias, vicepresidencias, consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales, diputados con generosos sueldos y dietas, instalaciones, otro personal, vehículos, viajes, etc., etc., etc., no es fácil de asumir por nuestro país, ni en época de vacas gordas.

Los parlamentos regionales controlan ya el 36% de los recursos públicos del Estado, lo que pone de manifiesto hasta que punto las autonomías (autonosuyas) son hoy quienes disponen de mayores instrumentos para articular políticas de gasto con las que hacer frente a la grave situación económica del país.

Las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones), tienen ya en sus manos otro 13,4% de estos recursos, mientras que la Seguridad Social, cuyo presupuesto es finalista y no puede ser instrumentado por el Estado para otros fines, controla casi el 28%.

La Administración Central del Estado, sólo controla el 22% del gasto público, por lo que los mayores esfuerzos deben provenir de los entes autonómicos y éstos no se ve que estén por la labor. Es por eso por lo qué el Gobierno Central debe, de la forma que tenga y pueda, tratar de apretarles las clavijas.

Las propias autonomías deberían comprenderlo sin mayores esfuerzos. Esto es como la gallina de los huevos de oro. Si se la mata, se acabó la mamandurria.

Le va a ser muy difícil a España quitarse de encima esta lacra. Tan difícil como superar la crisis.

Quizá sea llegado el momento de reenfocar la política autonómica llevada hasta ahora, aunque para ello fuese necesario un gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos.

Lo comentamos muchas veces de alguno de nuestros conocidos: este ritmo de vida no puede llegar muy lejos. A veces nos equivocamos, pero muy pocas ¿a que sí…?