miércoles, 9 de septiembre de 2009

EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE SER EXPROPIADO SIN DEMORA (I).


El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno socialista de España, presidido por Felipe González, decretaba la expropiación forzosa del grupo Rumasa (Ruiz Mateos, S.A.), al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española. Las causas fuero varias, desde la supuesta obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España (cosa que puede resultar inimaginable) hasta una deuda importante con la Seguridad Social y Hacienda.

En aquellos momentos, el holding Rumasa estaba constituido por 700 empresas en los más diversos sectores, tenía 65.000 empleados y facturaba 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros).

Dentro del grupo empresarial había también bancos, pero el Gobierno usó la expropiación, en lugar de una intervención limitada a éstos, por la “complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales”.
Bien. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública y el interés social; la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y, finalmente, el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago de las previas inversiones en las empresas del holding.

Miguel Boyer Salvador, ministro de Economía y Hacienda cuando se produjo la expropiación, y uno de los responsables finales de la misma (no en balde había sido empleado de Rumasa), afirmó en 1997 que “la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido depurar a los tribunales. Fue una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves”. (Ojo al dato).

En definitiva, la justificación dada por el Gobierno fue que Rumasa estaba en riesgo de quiebra, y que la conservación de los puestos de trabajo exigía una intervención estatal. Existe también una teoría que, cuando menos debe tenerse en cuenta y no soslayarla, que afirma que la pertenencia del empresario José María Ruiz Mateos al Opus Dei, y el supuesto control católico, y opuesto al PSOE, que este grupo ejercía sobre Rumasa, podrían haber motivado al Gobierno a realizar la intervención, ante el temor de que el grupo empresarial fuera utilizado para condicionar negativamente a la economía española, provocando así una eventual caída del Gobierno socialista.

La expropiación fue muy criticada al considerarse que no estaba amparada en la Constitución española y que se trataba más de una confiscación de carácter inconstitucional. Pese a ello, y tras un difícil debate en el Pleno de Tribunal Constitucional en el que los votos de los magistrados estaban empatados, el Decreto Ley de expropiación fue aprobado y considerado constitucional, gracias al "voto de calidad” ejercido por su Presidente, Manuel García Pelayo que, tras este servicio al Gobierno socialista, desapareció de la escena nacional, muriendo poco después.

Lo que ocurrió luego con aquel holding de empresas que, según el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, iba a ser “to pal pueblo”, es bien conocido y sólo pondré el ejemplo de la venta de Galerías Preciados a los hermanos venezolanos Gustavo y Ricardo Cisneros –amiguetes de Felipe González- por 216 millones de pesetas (casi 1.300.000 euros) y que, poco después, estos revendieron por 30.000 millones de pesetas (más de 180 millones de euros).

Tras la expropiación, José María Ruiz Mateos huyó a Londres el 4 de marzo de 1983. El 1 de diciembre de 1985 es extraditado a España, comenzando un largo “calvario” de juicios, con distintas sentencias y con muy diferentes opiniones por parte del sistema judicial español.

No es mi intención, ni mi finalidad, exponer aquí la “aventura” de Rumasa. Esto daría para escribir mucho y para contemplar muchas y muy distintas opiniones y, eso, no forma parte de lo que yo quiero acometer en este comentario.

A Rumasa, un gobierno socialista la expropió sin piedad porque ponían en peligro el empleo de 65.000 personas. También decían –y quizá fuera cierto- que debía millones a Hacienda y a la Seguridad Social. Es posible. Pero también es cierto que la “aventura” de aquel gobierno socialista, costó al Estado, es decir, al pueblo español, más de un “billón” de pesetas de las de aquella y que, derivado de tal “cojonada”, muchos amiguetes de los que nos gobernaban se hicieron millonarios. Podemos hablar de Isabel Preysler, actual esposa del ministro de Hacienda que expropió Rumasa, o de Marcos Eguizabal, que compró acciones de determinadas bodegas riojanas “a peseta” y se forró, aún a costa de cargarse uno de los mejores vinos que, en la segunda mitad del siglo XX, ofrecía el mercado del vino riojano en España.

Las razones de aquel gobierno socialista para “repartirse” Rumasa, puedo darlas por válidas (nunca el reparto). El holding Rumasa constituía en aquel tiempo un amplio porcentaje del empleo en España y el gobierno socialista se creyó en la obligación de preservarlo. Vale. Si esa fue su filosofía, puede considerarse hasta encomiable, aunque a mí me caben todas las dudas.

Hoy, la gran empresa nacional que no es, ni más menos que España, pasa por momentos mucho más delicados y trágicos que, en su día, pasó el holding Rumasa.

(Mañana, segunda parte...)

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