URBANISMO SALVAJE

Si tratamos de recordar, de hacer memoria, o si repasamos los periódicos de unos años hasta acá, veremos que más del ochenta por ciento de los casos de corrupción que han saltado por los ayuntamientos de España, tienen un mismo origen: El urbanismo, el ladrillo, la construcción salvaje.

Muchos analistas han señalado que el problema que subyace en la corrupción urbanística en España es la financiación de los ayuntamientos.

España ha sufrido un proceso de descentralización irresponsable, derivado del Estado de las Autonomías, que llevó a los ayuntamientos la obligación de prestar determinados servicios públicos que anteriormente eran a cargo del gobierno central. La imperiosa necesidad de recursos para la financiación de estos servicios, ha llevado a los ayuntamientos a inventar una serie de “impuestos indirectos” que han venido a repercutir de una forma atípica y corrupta, tanto en la sociedad, como en los propios dirigentes municipales. Los ayuntamientos buscaron sus fórmulas de financiación y se descubrió una mina de oro en los terrenos que esperaban próximas urbanizaciones……

El urbanismo ha construido mucho pero también ha destruido mucho. Ha destruido principios morales y con ello se ha llevado por delante a personas y familias enteras. La codicia suscitada por esa especie de pozos petrolíferos que manaban billetes y más billetes, ha podido con gran parte de la clase política española y con una sociedad que cambió sus dioses espirituales por dioses materiales. Dioses de barro que, como era previsible, se van derrumbando y hundiéndose en el abismo de la inmoralidad y de las miserias humanas.

Todo este movimiento ha venido a constituir en España, en estos últimos años, una fiebre especulativa y una carrera por ver quien era el último que trincaba la pasta, que ríanse ustedes de la fiebre del oro americana.

La triste sensación entre la ciudadanía española es que, al menos, los ayuntamientos y sus gobernantes caminan sobre el finísimo filo que separa la legalidad de la ilegalidad. Todos, o la mayoría de los gobernantes, tienen sobre sí la espada de Damocles que les señala como potenciales delincuentes y ello es aprovechado por los partidos opositores para realizar una oposición muy lejana a la que deberían hacer, basada en la política y en una justa y efectiva administración de los concejos.

Aquí pusimos todos los huevos en la misma cesta, y la cesta se rompió. Era previsible pero nadie lo quería ver ni admitir. Fue como un limón que se exprimió y se exprimió hasta que ya no quedó jugo y, entonces, su corteza se secó y se quebró.

La facilidad que se encontró en esta forma de financiación cerró la posibilidad de contemplar otras fórmulas más estables y menos susceptibles de caer en la corrupción a todos los niveles.

La consecuencia es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta a la ciudadanía (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, centros sociales y otras ayudas, etc.) también los políticos que gobiernan en esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que viene a constituir el núcleo de lo que se ha venido a conocer como “corrupción urbanística”.

Una vez explotada esta burbuja inmobiliaria y viéndose los ayuntamientos sin la facilidad que tenían para obtener recursos, deberán los grupos gobernantes agudizar sus ideas y buscar nuevos canales de financiación. Esto no debe pasar por el fácil recurso de aumentar los impuestos pues la España actual, sumida en una fuerte crisis económica, no podría soportar, ni fácilmente admitiría, una subida de impuestos que, en la mayoría de los casos, son destinados a la banca y a grandes empresas automovilísticas y de otros sectores que intimidan con la sequía de créditos y las regulaciones de personal.

Si nos propusiéramos hacer un balance de los pros y los contras que este abuso de construcción de inmuebles ha traído a España, nos encontraríamos con un elevado déficit en contra de la ciudadanía.

No voy a señalar aquí ninguno de los ayuntamientos españoles que han sido distinguidos por corruptos en la materia urbanística. Son del conocimiento de todos y, muy posiblemente, no están todos los que son, aunque cada día saltan otros nuevos. Nadie puede poner la mano en el fuego por nadie, y menos en los ayuntamientos costeros.

Yo, que no soy amigo de ONG,s, también suelo leer sus informes sobre determinados aspectos de la vida pública. Trato de interpretarlos dentro de un orden, sabedor convencido de que estas organizaciones van a lo suyo. Sí, sí, sí, ¡van a lo suyo! ¿Alguien lo ignora….? Sin embargo hay algunas que publican datos que no dejan de ser representativos. La ONG, “Transparencia Internacional”, en su informe del año 2006 señaló claramente: “El ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local del Gobierno, sobre todo en la costa o en las inmediaciones de las grandes ciudades”.

La causa de este fenómeno, según “Transparencia Internacional”, hay que buscarla en la “recalificación de suelo urbano” lo que ha provocado que España sea el país de OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Entonces, ¿que ha ganado la ciudadanía española con toda esta especulación? Nada, no ha ganado nada, es más, ha perdido. Toda esta especulación urbanística ha traído un nuevo impuesto a la adquisición de una vivienda. Los promotores y constructores han venido pagando a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de “suelo urbanizable”. Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final no se trata, ni más ni menos, que de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el precio de la vivienda.

España, hoy por hoy, tiene el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea. Pese a ello es el país de más difícil acceso a una vivienda.

Pero España sigue en sus once. La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución criticando con singular dureza “la urbanización masiva en España”, subrayando los desmadres cometidos, fundamentalmente, en línea de costa. El dictamen que en el presente mes de marzo será sometido al pleno de la Eurocámara, propone suspender ayudas de la Unión Europea a España en caso de que su Administración no ponga coto al problema.

El texto ha sido aprobado por 23 votos a favor, una abstención y 11 en contra. Los eurodiputados del PSOE y del PP, miembros de la comisión, votaron en contra del informe, es decir, en defensa del urbanismo salvaje. ¿Sería por patriotismo? No, ¡que va! Eso ya no cotiza.

La unidad pro urbanismo salvaje defendida por el PSOE-PP en la Eurocámara no es una anécdota aislada ni un arrebato de patriotismo constitucional alimentado por la lejanía. No es morriña, es simplemente desvergüenza política.